Objeto de estudio,
función y finalidad de las Política Públicas
El presente
blog de manera introductoria pretende elaborar todo un marco de comprensión
referente a la temática de las Políticas Públicas; en esta primera entrada se pretende
explicarlas desde la perspectiva que tienen como un objeto de estudio, sus
funciones y las finalidades que persiguen. Pero es conveniente dilucidar en
primera instancia ¿qué es una Política Pública? Torres y Santander (2013),
muestran una definición simple y acorde a la necesidad de este blog.
La política pública hay que comprenderla como el resultado de una acción colectiva que se desarrolla en lo público y de una serie de transacciones políticas, en donde el gobierno ya no tiene como único objetivo ejecutar lo planeado, sino también garantizar la coordinación y la cooperación de los actores clave (p.56).
Ahora bien,
desde el contexto general las Políticas Públicas se refieren a las
intencionalidades del Estado o Gobierno en ejercicio, que responden a acciones
específicas en diversos temas colectivos, para atacar fenómenos sociales como
delincuencia, pobreza, desempleo, entre otros. Con esto en cuenta es posible
identificar que la política Criminal y Educativa, por ejemplo, atienden
situaciones o contextos específicos de la población, para generar mejores
condiciones y calidad de vida al colectivo social costarricense.
En esa
misma línea se puede decir que la Política Criminal, atiende a la resolución de
aspectos inherentes a la delincuencia y comisión de delitos; la Política Urbana
por su parte se ocupa de un desarrollo a lo micro de las comunidades, a través
de distintos objetivos, atendiendo necesidades y carencias en materia de
desarrollo urbano; ambas dentro del marco de las Políticas Públicas, pero que a
todas luces ambas gestan una relación intrínseca con las necesidades
proyectadas por las intencionalidades del gobierno y que se desarrollan por
medio de un plan de acción con la ayuda de los diferentes actores sociales,
políticos, económicos y la institucionalidad en general.
Para tener
una noción más amplia de los tipos de Políticas Públicas existentes en Costa
Rica y generadas a partir del proceso que realiza el Ministerio de
Planificación y Política Económica (MIDEPLAN), se recomienda el acceso al
siguiente enlace:
https://documentos.mideplan.go.cr/share/s/iFRzt6jgRMmQWu57hVIOPg
Fuente: MIDEPLAN (2020).
Con todo lo
anterior claro, resulta importante la comprensión de las Políticas Públicas
como objeto de estudio, en ese sentido parafraseando a Torres y Santander
(2013), se puede vislumbrar desde el conjunto coordinado de acciones
predeterminadas, es decir, las intencionalidades en función de necesidades
sociales, legales, económicas o de otra naturaleza, que se producen a través de
una decisión deliberada (analizada y reflexionada) “que refleja una elección y
voluntad política en torno al objetivo colectivo” (Torres
y Santander, 2013, p.56).
Entonces es
posible inferir que las Políticas Públicas nacen a partir de una necesidad
aparente, creencia o situación problemática que se expone en determinado
contexto y que, por medio de la representación política encomendada a los
gobernantes, se dirigen los esfuerzos necesarios y encausados a solventar,
mitigar, mejorar o fomentar desde lo positivo, la problemática social presente.
Pero es fundamental destacar dos factores de importancia, el interés latente y
la voluntad política.
Para nadie
es un secreto los escándalos de corrupción que se han develado en el país,
entonces la voluntad política se encuentra sujeta al interés latente en la
representación política encomendada a los gobernantes, entonces si el interés
latente del gobernante se direcciona a actos poco éticos y corruptos, la
voluntad política de sus decisiones estaría en la misma dirección del interés
motivacional que posee.
Pero
retomando la temática, dentro del contexto del Estado el análisis de factores
que integran los aspectos de las Políticas Públicas puede ser multicausales y
tener diferentes dimensiones, o fines que pretenden cumplir, todo ello en
función de un plan de gobierno previo a las elecciones y que se acciona por
medio de la institucionalidad para echar a andar el desarrollo de estas.
Es
importante de la misma forma considerar y exponer cual es la función primordial
de las Políticas Públicas, de acuerdo con Torres y Santander (2013), expresan
“la utilidad del poder público para canalizar recursos sociales en procura de
la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos” (p.15). En esa misma
línea, se puede interpretar su utilidad como un proceso para atender las
situaciones sociales con la gestión de los recursos disponibles y los bienes de
la colectividad en el marco de una administración por parte de los entes
estatales en ejercicio y de pertinencia.
Para cerrar
esta primera entrada al blog, se desea comprender y exponer la finalidad que
persiguen las Políticas Públicas, en el entendido de una gestión adecuada y
consiente de la labor que ejecuta el Gobierno como representante del Estado, y
la necesidad de desarrollo social que permita a las personas habitantes de
país, convivir y desenvolverse dentro de comunidades seguras, armoniosas, en
términos de igualdad de oportunidades y en equidad para las personas más
vulnerables.
En ese
contexto la finalidad que a grandes rasgos buscan las Políticas Públicas en
general, es la generación de oportunidades, condiciones y posibilidades para
las personas habitantes del país, en el sentido de mejorar su desarrollo
social, educativo, cultural, económico y como un ser humano con necesidades y
derechos garantizados, que le permitan llevar una vida en paz, seguridad y sin discriminaciones de ningún tipo; todo
ello por medio del proceso reflexivo que le permita al ciudadano elegir los
mejores gobernantes, para atender las necesidades propias del país,
funcionarios que trabajen por un mejora real en las condiciones de muchos
costarricenses necesitados, que mejore la gestión empresarial y comercial del
mercado nacional e internacional en que se proyecta Costa Rica, que sea posible
vivir en un país seguro, sin miedo a la delincuencia y al narcotráfico, que las
expectativa de vida se larga y fructuosa para los costarricenses, que la
educación sea de primer nivel, entre muchos otros aspectos que garantizan un
sociedad plena y que subyace al amparo del Estado de Derecho.
Relación entre
Políticas Públicas y la criminología
En esta
segunda entrada del blog, se va a particularizar un poco más el tema de las
Políticas Públicas y darles una dirección en la relación que poseen estas con
la disciplina de la Criminología y es que, al darles este norte, apuntamos a
una serie singular de Políticas Públicas que se extienden hacia la compresión
del delito en el colectivo social como fenómeno que necesita ser estudiado.
Pero primero es importante integrar ambos conceptos, lo que da como resultado
una la acepción de una Política Criminológica como tal.
En este
sentido según Chincoya (2013), la conceptualización de Política Criminológica
nace a partir de un concepto evolucionado y distanciado de una Política
Criminal, para el autor su adjetivo no solo circunscribe su objeto de estudio a
lo criminal, en esa línea el mismo acota que la Política Criminal
“históricamente, ha sido utilizada por el derecho penal como fuente de su
legitimación, en la medida que le ha servido para la formulación de criterios
político-criminales de índole represivo y anti garantistas” (p.103).
A partir de
la afirmación adjuntada de la Política Criminal como un componente en la
evolución de las Políticas Públicas en esta materia, se puede inferir que la
Política Criminológica se presenta como una evolución de la Política Criminal,
“su objeto de estudio no solamente son las decisiones que se toman desde el
Estado para la prevención de la delincuencia, sino también el análisis de las
estrategias que se generan a iniciativa de la sociedad civil” (Chincoya, 2013).
En esa misma línea, el autor aporta que se puede establecer que la Política
Criminológica aborda el fenómeno criminal extensamente y no selectivamente como
la Política Criminal.
Es
observable la diferenciación entre una Política Criminal y una Política
Criminológica, pues la primera es ciertamente más alineada a dar una respuesta
penal por parte del Estado en función del Sistema de Administración de
Justicia, ante el comportamiento criminal en la sociedad, con una
intencionalidad represiva y punitiva. Por su parte la Política Criminológica,
además de contemplar la Política Criminal, amplía su espectro de acción hacia
la atención preventiva del delito antes de que este se llegue a dar en la sociedad,
por medio de las instituciones inmersas en la seguridad social, como los
cuerpos policiales, comunidades, centros educativos, programas de ayuda,
rehabilitación y educación social, entre otros.
Con estos
aspectos claros es posible considerar un campo de acción más amplio por parte
de una Política Criminológica versus una Política Criminal, al considerar
diversos elementos que inciden en el comportamiento criminal que tiene
determinada sociedad, la función integrada del estudio, prevención y represión del
fenómeno delictivo se vislumbra como modelo adecuado de atención y necesidad
urgente de la seguridad del país.
Fuente: https://i.ytimg.com/vi/jB2gQy6QR8g/hqdefault.jpg
Parafraseando
a Chincoya (2013), la Política Criminológica aborda temas como la modernización
del sistema de justicia penal, el combate a la impunidad, el fortalecimiento
del sistema penitenciario, la prevención del delito, la generación de confianza
institucional, el combate a la corrupción, el fomento de la cultura de la
legalidad, el respeto irrestricto a los derechos humanos y el impulso a la
participación ciudadana.
Sobre esta
misma línea es que la que en su fórmula mejorada la Política Criminal va más
allá de un simple conjunto de políticas sociales y políticas penales, que son
formuladas por el Estado, tendentes a prevenir las causas, individuales y
sociales, de la delincuencia y de la violencia. Por lo que integra en su
accionar integral la participación ciudadana, para la prevención del delito y
el combate a la delincuencia, además según Chincoya (2013), cuenta con 4
pilares, a saber, las instituciones que integran al sistema de justicia penal,
el derecho penal, los medios de comunicación masiva y la participación
comunitaria.
Con esto
claro se pueden establecer como relación de estos tres ejes promulgados en la
mejorada Política Criminal, a saber, la Política Criminológica, la Prevención
del Delito y participación ciudadana, como puntos estratégicos que fomentan e
impulsan un combate desde diversas aristas, hacia el fenómeno criminológico que
tanto afecta a la sociedad. Son puntos claves que se encuentran su vértice en
la articulación de las intencionalidades promulgadas en las Políticas Públicas
en materia de seguridad ciudadana, como respuesta al cambiante y evolutivo modo
delincuencial, el cual debe ser abordado desde perspectivas sociales,
culturales, integrales y coyunturales de la sociedad actual, para que de esta
manera se pueda mitigar al máximo, permitiendo integración social e
institucional, direccionamiento estratégico y una convivencia de paz y de no
violencia en las sociedades.
Para
entender el efecto de cambio que han seguido las Políticas Criminales y su
tendencia evolutiva se recomienda la lectura del libro de Merino (2018), que se
encuentra el siguiente link:
https://www.marcialpons.es/libros/tendencias-de-la-politica-criminal-contemporanea/9788491234944/
Para cerrar
la presente entrada al blog, es importante de la misma forma entender el
contexto costarricense de frente al combate a la delincuencia, en donde la
ausencia de una Política Criminal formal, es uno de los mayores desatinos en la
materia de trato a la seguridad y combate a la delincuencia; por otra parte, la
acción independiente que toman las acciones preventivas y represivas como si
trataran fenómenos de diferente naturaleza o criterio, por lo que no está demás
decir que lo con lo que se ha expuesto hasta este unto en este segundo aporte,
la necesidad de un Política Criminológica en Costa Rica es imperante y
fundamentalmente necesaria para repeler el flagelo criminal que asola a las
comunidades costarricenses.
Proceso de formulación
de una política estatal y entes rectores
De manera
concurrente en el desarrollo del presente blog se hace la exposición sobre el
cómo se llega a dar vida a una política estatal y comprender cuales son los
entes rectores que determinan su proceso, ese en esencia es el tema central que
aborda esta tercera entrada del blog académico, por lo que se muestra en este
aporte el contexto de lo general a lo específico, para la comprensión de la
temática.
Antes de
abordar forma particular y contextualizada el proceso de formulación de una
política del Estado es importante realizar una observación a lo que en la
generalidad da vida a una Política Pública. En primera instancia es importante
tener en cuenta que toda intención de un Estado se desprende de un plan de
gobierno que se establece en el periodo de elecciones populares previos a ganar
eventualmente las elecciones presidenciales, todo ello como parte de un partido
político, con influencias ideológico-sociales y con idealizaciones de lo que se
debe mejorar en el país y en lo que se debe enfocar su trabajo en un eventual
gobierno elegido por el pueblo.
Entonces,
al ganar las elecciones las propuestas generadas en la campaña presidencial
(plan de gobierno), va dando forma a lo que se proyectan como posibles
políticas públicas a transformar o crear dentro del ejercicio gubernamental,
que por cuatro años brindará al pueblo para lograr mejorar sus condiciones
actuales. En e entendido que lo expuesto en el plan se debe materializar por
algún medio normalizado y legitimado para ser traído a la realidad social, y la
forma adecuada es mediante la promoción de Políticas Estatales, que mediante el
proceso normalizado permitirá la creación de políticas públicas formales; a
manera de ejemplo se presenta el siguiente esquema para ilustrar lo explicado
hasta este punto.
Fuente:
Elaboración propia.
Ahora toca el abordaje del proceso de manera particular, respecto a como
se desarrolla una Política Púbica en Costa Rica, lo primero es identificar al Ministerio de Planificación y Política Económica
(MIDEPLAN), como ente rector, gestor y evaluador de todas aquellas pretensiones
o intencionalidades que se proyecten en una eventual Política Pública para el
país. El Ministerio de Planificación y Política
Económica (MIDEPLAN), según su página oficial se instituye como un órgano
asesor y de apoyo técnico de la Presidencia de la República, siendo la
instancia a cargo de “formular, coordinar, dar seguimiento y evaluar las
estrategias y prioridades del Gobierno” (2021); es decir, mediante el Plan
Nacional de Desarrollo, se establece los objetivos, estrategias y metas por
alcanzar para el gobierno en ejercicio.
En esa misma línea el Ministerio de Planificación y Política Económica,
funge como una instancia asesora en la elaboración de Políticas Públicas,
presentando una metodología para su formulación, implementación y evaluación,
todo ello en función de la “Guía para la elaboración de Políticas Públicas”
(MIDEPLAN, 2017). Este documento sirve como la norma o la pauta metodológica
que se debe llevar a cabo para lograr con éxito la gestión de una Política
Pública. Para consultar directamente el documento se puede acceder al siguiente
link:
https://documentos.mideplan.go.cr/share/s/fp24S-RnTdWk007TA_IikQ
A grandes rasgos se puede extraer de dicha guía aspectos de importancia
que sirven de cimiento en la generación de una Política Pública, entre ellos se
permiten distinguir los elementos principales que deben integrar este proceso,
los cuales según la Guía se establecen en los siguientes:
· Inclusión
del tema principal en la Agenda Política
· El
reconocimiento del marco legal nacional e internacional
· El
estado de situación o el resumen diagnóstico
del problema y las variables e
indicadores asociados
· La
participación y los grupos de población objetivo
· Los
enfoques, principios y características de
la PP
· La
definición de temas prioritarios o ejes de
intervención
· Objetivos,
resultados, acciones y otras variables
·Modelo
de gestión o la forma de organización, los mecanismos para la gestión y el papel de los entes participantes
· La
evaluación y su seguimiento
· La
operativización de la PP por medio del Plan de Acción o una Estrategia (MIDEPLAN, 2017, p.9).
Como se puede observar a grandes rasgos, la adecuada concatenación y
elaboración de cada uno de los elementos resultan medulares para la formulación
de una Política Pública, ya que se toman en cuenta aspectos que justifican y
diagnostican en primera instancia una situación problemática que se desea
abordar y subsanar con la implementación de la Política Pública, a su vez, permea la importancia de su desarrollo como
tal, apuntando a una población beneficiaria, específica o general, así como las
proyecciones que se establecen en la enunciación de sus objetivos, finalidades
y metas por lograr en función de una adecuada evaluación y consecuente control
del proceso, para el aseguramiento de un proyecto exitoso.
Se destacan entre los aspectos de una importante relevancia del proceso,
la inclusión de una tema principal en la agenda política del país, y es que
este es un tema de amplia relevancia en función de un priorización que tendrá
la eventual propuesta de Política Pública, ante la voluntad política de ponerla
en discusión ante diversos asuntos y problemáticas que acechas al país, por
supuesto, los temas de seguridad, educación, pobreza y desempleo deben estar a
la cabeza de esa lista de prioritarios que se deben discutir en la agenda
nacional, pero dependerá mucho del enfoque político presente en las personas
que toman decisiones a lo interno del Poder Ejecutivo y los intereses que
promulguen.
Por último y como cierre a esta tercera entrada del blog, se identifica
la importancia del elemento de la participación que encausa a diversos actores
sociales a integrar el proceso de formulación, implementación y evaluación de
una Política Pública, este elemento resulta primordial en la sensibilización y
necesidad de acción por parte de diversos elementos sociales la posibilidad de
éxito de la Política Pública, dándoles un rol protagónico y de importancia a la
comunidades de trabajar por su beneficio en conjunto con la institucionalidad
del país.
. Políticas estatales criminales: Mencione las
políticas preventivas del delito, políticas de persecución penal y políticas de
contención del Estado costarricense
Dentro de esta cuarta entrada del blog, se enfatiza en la identificación
de algunas de las Políticas Estales que versan sobre los aspectos de
criminalidad presentes en el país, en ese sentido se pueden observar políticas
direccionadas a la Prevención del Delito, así como Políticas de Persecución
Penal, y Políticas de Contención en Costa Rica, misma que serán abordadas de
manera particular y de la misma forma ejemplificadas en su haber.
Por lo que en primer lugar se abordan propiamente las Políticas de Prevención del Delito, con lo que es importante acotar que la premisa a la que apunta la prevención es, el abordaje propio de la causas u orígenes que determinan la existencia o posibilidad de comisión del mismo, es decir, es la determinación de las causas que permiten que el delito se geste en la sociedad, y con ello, proceder a la mitigación de este por medio de la mitigación de estos factores de causalidad, mismos que pueden, ser sociológicos, psicológicos conductuales u otros.
Fuente: Psiquiatria.com
Entonces las Políticas de Prevención del Delito se enfocan
en la atención de factores de diversas índoles que se identifican como causas
que permean y facultan el nacimiento de comportamientos delictivos en la
persona dentro de un determinado colectivo social. A pesar de que el país las
políticas de prevención tienen y han tenido a lo largo de su historia un fuerte
interés en la acción represiva contra el delincuente y de la misma forma su
proyección apunta a una prevención terciaria, también se han realizado
esfuerzos por un abordaje más enfocado en la prevención primaria y secundaria.
Como un ejemplo de los más importantes en la evolución de
esta prevención y como parte de un Política Pública de Prevención del Delito se
muestra el Plan Nacional para la Prevención de la Violencia y la Promoción de
la Paz Social elaborado por Ministerio de Justicia y Paz, este plan articula
íntegramente a las instituciones públicas y privadas, Organizaciones no
Gubernamentales y de la misma forma las asociaciones comunitarias, en el
siguiente link se puede consultar el Plan Nacional para la Prevención de la
Violencia y la Promoción de la Paz Social para su estudio detallado.
Por otra parte, la Política de Persecución Penal en el país
como se indica anteriormente no escapa a la realidad de su naturaleza, la cual
es el direccionamiento de las acciones del Estado hacia las consecuencias del
delito y no hacia sus causas, el Ministerio Público por medio de sus órganos
como la Fiscalía, es la determina las acciones a ejecutar por medio de la
orientación que tenga a la acción persecutoria
del Estado, en función de los delitos tipificados como punibles dentro
de su Código Penal.
Haciendo una breve investigación por las diferentes
intencionalidades de las Políticas de Persecución Penal del Ministerio Público
costarricense, se pueden encontrar varias ejemplificaciones de estas Políticas
Públicas, también es importante considerar que ciertamente permean su
identificación de acuerdo por la materia de competencia, como es el caso de la
Política de persecución de los delitos ambientales, la Política de persecución penal en
delincuencia organizada y gestión funcional del Ministerio Público o bien la
Política de persecución penal en relación a los delitos previstos en los
artículos 274, 275 y 276 del código electoral.
Como se puede observar toda esta particularización de
Políticas de Persecución Penal, se determina en función de la materia de
competencia por lo que se pueden encontrar diferentes documentos en la
biblioteca del Ministerio Público, en relación con estas Políticas Públicas. En
el Siguiente link se deja el acceso a dicha biblioteca para su revisión y
análisis.
Por último y en referencia a las Políticas de contención del
Estado costarricense, se refieren a procesos que prescriben la necesidad de refrenar
y moderar lo que en este caso apunta como tema de interés a la criminalidad que
se desarrolla en el colectivo social nacional; son todas aquellas acciones
estatales dirigidas a frenar el crecimiento de los delitos que se llevan a cabo
en la sociedad costarricense.
Al igual que las Políticas de Persecución Penal, este tipo
de Políticas de Contención se centran en la atención particular de las
diferentes problemáticas, por ejemplo, una preocupación de prioridad en la
agenda del Estado es la incursión que ha hecho el narcotráfico en el país. De
hecho, se destaca el artículo periodístico de Arias de la Revista digital
Diálogo, en donde indica que las autoridades realizaron una labor importante en
lucha contra la delincuencia, “con la desarticulación de una banda dedicada al
narcotráfico en la región sur del país, el 6 de abril de 2021” (2021).
Estas acciones como la generada en la nota periodística
obedecen a Políticas de Contención de la delincuencia, y en lo particular, a lo
referido en el Plan Nacional sobre Drogas, generado por el Instituto
Costarricense contra las Drogas, en donde apunta como su objetivo la
coordinación acciones institucionales para la atención conjunta de la
problemática de las drogas en Costa Rica.
Como última
entrada a la elaboración y desarrollo del presente blog académico, se dese
establecer un tema de importancia general en relación con las Políticas
Públicas Nacionales, y particularizarlo conforme se avanza al tema, de la
Política Criminal propiamente, por lo que a continuación se realiza un aporte
sobre este último tema a desarrollar como culminación del presente desarrollo
académico.
Como se habló en las anteriores entradas al blog, resulta de
fundamental importancia que el tema de creación e implementación de una
Política Pública a adecuada, se encuentre entre las prioridades de la agenda
nacional, por ello, los temas sobre la delincuencia, narcotráfico y seguridad
ciudadana, se consideran de gran interés para esta agenda, pero también exhibe
un componente de considerable importancia para una aprobación exitosa de esta,
y es la voluntad política, que prescribe, el inicio de los mecanismos, leyes y
demás instrumentos gubernamentales que permitan una ejecución efectiva.
Es por lo que el abordar el tema de una Política Criminal costarricense es un tema prioritario y de un interés social inexpugnable para las situaciones que hoy en día el país sufre con las manifestaciones criminales. De acuerdo con Sibaja (2018), en los últimos periodos la Política Criminal costarricense “satisface las supuestas demandas sociales de endurecimiento efectivo de la ley” (p. 144), en otras palabras, se ha manejado la premisa que, a mayor incidencia del delito, se deben crear más leyes y figuras delictivas, así como puniciones más severas para los que las ejecutan, es decir, la satisfacción de un populismo punitivo.
Como se puede
observar, esta cultura heredada de sistemas retributivos encontró una
influencia marcada en la región no sólo costarricense, si no la centroamericana
en general, como ejemplo del vecino gigante del norte, ha mostrado en la
palestra que la mejor Política Criminal no se traduce en más cárceles o más
presos dentro de estas, ya que estas acciones represivas no minan la incidencia
del delito, al contrario, a parecen impulsarlo. Actualmente el enfoque
costarricense se ha marcado una tendencia positivista, direccionando la
Política Criminal hacia el modelo restaurativo, pero la verdad es que aún es
incipiente su haber.
Entonces la Política Criminal costarricense ha mostrado
efectividad con el desarrollo de este modelo de retribución de la justicia,
pues la experiencia de muchos años afirma que no ha sido posible mitigar y
menos disminuir a incidencia del delito con medidas que sólo buscan el castigo
y el pago de la falta por parte del infractor, de la misma forma este aspecto
ha derivado en el hacinamiento carcelario, los altos costos del sistema
penitenciario, la imposibilidad de rehabilitación del infractor, en función de
la posibilidad de una prevención terciaria, y todos los aspectos en relación
con el sistema de administración de justicia que ha imperado como idea de una
Política Criminal, ciertamente teñido de influencias o tendencias similares
que, de la misma forma no han funcionado en otros países.
Por todo lo expuesto anteriormente, es que se desea plantear
la reflexión obligada, que apunta a un cambio en la manera de hacer las cosas,
si bien es cierto ya se distinguen atisbos de una justicia restaurativa, como
se dijo anteriormente, una voluntad política resulta trascendental para dar un
paso adelante en la lucha de la delincuencia desde su origen, desde un proyecto
integral de una real Política Criminológica, que atienda en delito en su contexto
multicausal y como un sub producto de la misma sociedad costarricense que forja
sus orígenes desde las perspectivas de desigualdades, discriminación y brechas
sociales.
No se trata de una Política de Persecución Penal generada
desde el enfoque del Ministerio Público, ni de una Política de combate a la
marginalización y la pobreza para poblaciones vulnerables, desde la perspectiva
del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), se trata en sí de una integración
de estos y muchos otros factores que inciden de manera directa o indirecta para
que la delincuencia presente en el colectivo social costarricense se manifieste
de la manera en que lo hace.
Las acciones deben verse desde el enfoque sistémico como el
resultado de una serie de situaciones y eventos que coluden para generar la
realidad plasmada en la sociedad, por lo que la importancia de este trabajo
mancomunado recae en los hombros de aquellos que llevan las riendas del Estado
costarricense, y que es por medio de sus accionar y direccionamiento de Policías
Públicas en un contexto de integralidad social que permiten salir a delante con
los problemas de prioridad para el país.
Referencias bibliográficas
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narcotraficante y decomisa 5,5 toneladas de droga. Diálogo. Recuperado
de https://dialogo-americas.com/es/articles/costa-rica-desarticula-banda-narcotraficante-y-decomisa-55-toneladas-de-droga/
González, S. Sánchez, M., Vásquez, S. (2010). Políticas
de prevención del delito en Costa Rica (Memoria de Seminario de Graduación
para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo Social). Universidad de
Costa Rica. San Pedro de Montes de Oca, Costa Rica.
Llobet, J. (2016). El “éxito” del populismo
punitivo en Costa Rica y sus consecuencias. Revista Digital de la Maestría
en Ciencias Penales 8 (8).
Ministerio de Planificación y Política
Económica. (2017). Guía para la elaboración de Políticas Públicas. Recuperado
de https://documentos.mideplan.go.cr/share/s/fp24S-RnTdWk007TA_IikQ
Ministerio de Planificación y Política
Económica. (2020). Resumen de Políticas Públicas asesoradas por MIDEPLAN 2018-2019.
Recuperado de https://documentos.mideplan.go.cr/share/s/iFRzt6jgRMmQWu57hVIOPg
Ministerio de Planificación y Política
Económica. (2021). ¿Qué es el MIDEPLAN? Recuperado de https://www.mideplan.go.cr/que-es-mideplan
Torres, J., Santander, J. (2013). Introducción
a las Políticas Públicas: Conceptos y herramientas desde la relación entre
Estado y ciudadanía. Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia.
Sibaja,
I. (2018). La política criminal y el daño social en Costa Rica. Revista de
Ciencias Sociales 161 (3). 141-151.
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